02/07/2009


Llama a impedir que se cancele la vía electoral y que "la mafia" imponga a su candidata

Hacer valer la democracia, pide López Obrador en Iztapalapa

“Los chuchos son el cáncer de la izquierda y hay que extirparlo”, arenga Porfirio Muñoz Ledo

Clara Brugada insta a magistrados del TEPJF a que renuncien

Actuaron por consigna, señala


Andrés Manuel López Obrador regresó a Iztapalapa para acompañar a Rafael Acosta, Juanito, y Clara Brugada en el cierre de campaña del PT en busca de la jefatura delegacional de esta demarcaciónFoto Carlos Ramos Mamahua






Ciro Pérez Silva


Tenemos que hacer valer la democracia y no permitir que se cancele la vía electoral, "ni que la mafia de la política imponga en Iztapalapa a la candidata de la derecha", advirtió Andrés Manuel López Obrador ante miles de simpatizantes que se comprometieron a informar y a promover el voto en favor del Partido del Trabajo, y así asegurar el triunfo de la candidata depuesta, Clara Brugada.

"Iztapalapa se convirtió ya en el laboratorio de la democracia del país", insistió el tabasqueño, quien dijo que si los políticos deben respetar los tiempos marcados por la ley para dejar de hacer campaña, los ciudadanos pueden comentar con amigos y con sus familias en la calle y en el Metro sobre este tema, y convencerlos de que la forma de garantizar el ejercicio pleno de las libertades es el voto por el PT y su candidato Rafael Acosta, Juanito, quien momentos antes reiteró "el firme compromiso de que los votos que yo reciba serán para Clara Brugada".

Al contrario de lo que se esperaba, el discurso de Andrés Manuel López Obrador, quien arribó a Iztapalapa en Metro, fue breve. No había necesidad de más, explicó, porque desde que se consumó "el golpe" del tribunal electoral federal "para quitarle un triunfo legítimo" a Clara Brugada y dárselo a Silva Oliva, y de manera contraria a los intereses de los iztapalapenses, se llevaron a cabo 30 asambleas informativas para decir a la gente con mucha claridad que tienen que defender su derecho a elegir a sus gobernantes y no permitir imposiciones externas.

Información, la clave

Recorriendo con la mirada a las miles de personas que se reunieron ayer aquí, el tabasqueño señaló que "a 15 días de que tomamos esta decisión, miren lo que se ha creado, miren cuánta gente está respondiendo en Iztapalapa; la palabra clave es información, y todos los que se han informado se han sumado al movimiento y van entendiendo la importancia de hacer valer la democracia. Esos tramposos lo que quieren es confundir a la gente, por eso imprimieron las boletas con el nombre de Clara Brugada y luego dieron el golpe, porque querían que la gente votara por el PRD y el voto se lo quedara finalmente la candidata impuesta por el tribunal. Por eso lo principal, lo que tienen que hacer todos ustedes, es informar cuando menos a cinco personas más para que el próximo domingo voten por el PT, voto que será para Clara Brugada".

Poco antes, el candidato de este partido a una diputación federal, Porfirio Muñoz Ledo, sostuvo que la lucha electoral en Iztapalapa se conoce ya como “la madre de todas las batallas, en un desgarramiento de la izquierda, pero que, como todo parto, también es un nacimiento. ¡Los chuchos son el cáncer de la izquierda y hay que extirparlo!”, arengó Muñoz Ledo en medio de gritos de “¡fuera los chuchos!, ¡fuera los chuchos! ¡Culeros!, ¡culeros!”

Advirtió que si la mafia hondureña expresó su resistencia contra el avance de la izquierda expulsando a un gobierno legítimamente constituido, lo mismo está sucediendo en esta demarcación, "Honduras es la Iztapalapa de América Latina."

A su vez Clara Brugada exigió la renuncia de la magistrada presidenta y los seis magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque al deponerla no actuaron conforme a la ley, "sino que emitieron una resolución por consigna política, quisieron trampear a los ciudadanos para apuntalar el proyecto de la derecha".

Explicó que esta batalla no es contra el PRD ni los militantes de ese partido, sino por "regresar a los principios democráticos y evitar la simulación, la demagogia y el cinismo. ¡Jesús Ortega está obligado a renunciar!", dijo.

Los magistrados y la mafia de la política, agregó Brugada, "pensaron que la conciencia de la gente podía ser comprada, el desprecio que tienen por el pueblo les hizo suponer que el golpe estaba consumado y era irreversible, éste es el sueño de los golpistas, pero mientras más injusticias hay en el tribunal, más fuerzas hay en el alma de los iztapalapenses para luchar", insistió, para luego agradecer al candidato del PT, Rafael Acosta, Juanito, "el que haya actuado con valor y congruencia en su compromiso por defender la democracia en esta demarcación
".



Anoche , tv azteca inició una campaña en contra del ife por haberle prohibido el anuncio de la revista vertigo en cuya portada aparece felipe calderón (con minusculas) y una voz en off dice : "El presidente calderón cumple sus promesas" , en un franco apoyo a la campaña del PAN .

No se vayan con la finta , las televisoras quieren convertirse en los grandes electores de este país , (que en buena medida ya lo son) amén del inmenso negocio que se les fue de las manos al ya no poder vender publicidad electoral a particulares en tiempos de campaña , de ahí las pataletas de ambas televisoras , lo de más , es puro cuento que pretende engañar a la población con aquella bandera de que nos quieren robar la libertad de expresión .

Tanto televisa como tv azteca son un par de empresas mercenarias al servicio del mejor postor .

Eso del teletón y del juguetón , son su manera de comprar votos a cambio de credibilidad , ¿con que cara critican a los partidos por comprar votos a cambio de despensas? .





La comisión de quejas pide apoyo a Gobernación y la SCT para que la empresa cumpla

Desacata Tv Azteca orden del IFE de suspender promocionales de Vértigo

PAN, PRD, Convergencia, PT y Nueva Alianza exigen desahogo de denuncias antes del día 5



Alonso Urrutia y Fabiola Martínez


Ante el desacato de Televisión Azteca a la orden de suspender la difusión de promocionales de la revista Vértigo, filial de esa empresa, que por disposición del Instituto Federal Electoral (IFE) debió salir del aire desde el lunes pasado, la comisión de quejas solicitó a la secretaría ejecutiva gestionar el apoyo de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para hacer cumplir las medidas cautelares ordenadas por la autoridad y retirar todos los espots de revistas con contenido político electoral.

En lo que se perfila como otro desencuentro entre el IFE y Tv Azteca, abogados de la empresa se presentaron ayer a la sede del instituto con el propósito de impugnar las facultades legales de la comisión de quejas para ordenar el retiro de los promocionales de revistas.

Argumentó que la publicidad de la revista es equiparable al caso de otra publicación en la que apareció el panista César Nava en la portada.

Ayer el IFE inició contactos informales con la Secretaría de Gobernación con la finalidad de tratar de garantizar que a partir de este jueves, cuando comienza la veda de campañas, el espot de Vértigo salga del aire para que no tenga impacto en la equidad de la contienda.

Sin embargo, anoche la comisión de quejas se volvió a reunir para apremiar a la secretaría ejecutiva del IFE que formalice la petición de apoyo a las dependencias federales e impedir la difusión del mensaje.

En este contexto, ante la pretensión de los consejeros electorales de cancelar la resolución de las quejas presentadas, al menos cinco partidos –PAN, PRD, Convergencia, PT y Nueva Alianza– solicitaron formalmente al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, que convoque a sesión extraordinaria para desahogar específicamente el procedimiento sancionador que está en marcha contra el PVEM, por la publicidad disfrazada mediante promocionales de la revista Cambio, por considerarla propaganda partidista.

Al ser cuestionado sobre la actitud de Tv Azteca, el presidente de la comisión de quejas, Marco Antonio Gómez Alcántar, consideró "preocupante que no se atienda la resolución de esa instancia, porque son medidas, por absurdas que parezcan, para generar orden y equidad".

Al ser cuestionado sobre las posibles sanciones, indicó que no era momento de especular sino de corregir la conducta.

–¿Qué van a hacer ante el desacato de la televisora?

–Evaluar cuál es la vía correcta ante un hecho inédito; nunca había sucedido.

Subrayó que para este jueves –día en que empieza la veda de la publicidad político electoral– "no debe existir absolutamente nada en este tema y tiene que retirarse necesariamente, aunque las medidas cautelares deben cumplirse de forma inmediata. Si mañana sigue sin corregirse, ya veremos qué acción adoptamos".

Destacó que la secretaría debe cumplir con su parte, "tenemos que requerirle, en todo caso, a Gobernación que actúe".

En tanto, la determinación del IFE de postergar el procesamiento de quejas generó malestar en la mayoría de los partidos, que remitieron oficios a la presidencia del instituto.

Uno de ellos, firmado por cinco partidos, es un apremio al IFE para que aborde el caso del PVEM-Cambio antes de la elección.

El PAN remitió otro oficio en el que destaca el "público y notorio fraude a la ley en que ha incurrido el PVEM por la contratación indirecta de espacios de radio y televisión para promover el voto". Ante esta manera "contumaz" de violar la legalidad es necesario que antes de la elección se sancionen todos los casos pendientes, por lo que, señala el oficio, el blanquiazul "hace un enérgico llamado al IFE para que se desahoguen a la brevedad" las 18 quejas que ha promovido.

En otro oficio, el PRD cuestiona la decisión de aplazar la resolución de quejas –este partido tiene tres pendientes contra el PVEM por publicidad integrada, espots no contabilizados relacionados con Tv y novelas y por Cambio– y exige que sean resueltos a más tardar el viernes.

Arremete contra la "censura"

Por la noche, la televisora del Ajusco arremetió contra el IFE en su noticiario y cuestionó la censura a la libertad de expresión, como lo definió el conductor.

En tanto, la revista Vértigo modificó el controvertido anuncio y en esta versión señala como título principal: "El IFE nos censura", con la portada original como fondo y bajo el anuncio: "Entérese porque no podemos decirle a usted el contenido de la revista, entérese porque el IFE nos censura".










Solicita la PGR órdenes de captura contra 9 implicados

Acusan a dueños de la guardería de delitos no graves

Homicidio culposo y cohecho, cargos que admiten libertad bajo fianza

Incluye a la prima de Margarita Zavala y a delegado del IMSS en Sonora

La Permanente demanda a la Corte atraer el caso, como piden deudos



Gustavo Castillo y Alfredo Méndez


La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó hace tres días al juzgado primero de distrito con sede en Sonora órdenes de aprehensión por delitos no graves en contra de nueve personas, entre ellas Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo –prima de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala– y Arturo Leyva Lizárraga, quien se desempeñaba como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa entidad.

Expedientes judiciales a los que ayer tuvo acceso La Jornada refieren que a los nueve inculpados se les acusa de ser presuntos responsables del homicidio culposo de los 48 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio en Hermosillo. También se les imputa el delito de cohecho, mientras que a los ex funcionarios se les agregó el cargo de ejercicio indebido del servicio público.

Como esos ilícitos no son considerados graves, la legislación penal federal concede al juez primero de distrito de Sonora (Raúl Martínez) 10 días hábiles para determinar si libra o niega la orden de captura. En caso de que se conceda, los presuntos responsables pueden solicitar la libertad provisional bajo caución o tramitar un amparo para librar la cárcel.








PVEM: votar por la muerte


Muchos recordamos con emoción a las decenas de miles de ciudadanos tomados de las manos haciendo aquellas cadenas humanas de cientos de kilómetros en las carreteras de Alemania. Hoy, ese país ha abandonado todo proyecto nuclear, y con el resto de las naciones de la Unión Europea ha dicho no a los alimentos transgénicos, y exige mayor control sobre las miles de sustancias tóxicas diseminadas por el ogro industrial en cada rincón del mundo.

Por supuesto que de la idea a la práctica, hay un gran trecho, y hoy cuatro décadas después los partidos verdes, que muy rara vez han logrado el voto de más de 15 o 20 por ciento del electorado, han sido obligados a establecer alianzas con sectores indeseables, han sufrido divisiones y deserciones, y, lo que es más grave, han sido penetrados por gente sin escrúpulos hasta convertirse en membretes para ocultar negocios, canonjías y prácticas deshonestas e incluso ilegales.

Ocupa el sitio estelar de esto último el llamado Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Fundado en 1993 bajo el amparo, poco discreto, de Manuel Camacho Solís, y el liderazgo y el capital de un mercader de las medicinas, el PVEM constituye un monumento a la inmundicia, que vino a certificar el ambiente de corrupción que ha caracterizado a la política en México. Su fundación coincide con un momento crucial en el que los ambientalistas mexicanos habíamos logrado una alianza amplia y una mínima organización de escala nacional, y entrábamos en una interesante fase de notoriedad política. Con su creación espuria desde el corporativismo, el PVEM ocupó de manera inmoral y artificial una posición en el espectro ideológico que sigue siendo peligrosa para el régimen dominante, no importa su color o tinte.

En estos 15 años, el PVEM ha hecho todo para mantenerse en el primer sitio mundial como una agrupación ilegítima, desde la violación a los más elementales mecanismos de la democracia interna de los partidos, hasta las alianzas más incongruentes y la corrupción de sus dirigentes. En su larga cadena de inmoralidades, destaca lo revelado por unos videos en febrero de 2004: ahí aparece su presidente, entonces senador de la República, negociando al estilo gangsteril 2 millones de dólares para conseguir a un conjunto de empresarios un permiso de inocuidad ambiental para construir hoteles y muelles de lujo en las riberas de Cancún.

Hoy, las propuestas del PVEM han rebasado el máximo nivel de incongruencia y ya transitan los laberintos de la demencia, al difundir como su consigna central la pena de muerte, idea repetida hasta la saciedad en miles de espectaculares colocados en todas las ciudades del país.

Hoy quienes voten por el PVEM deberán asumir que no solamente eligen una opción que no tiene nada que ver con la defensa de la vida, la naturaleza o el ambiente (no obstante su propaganda, discursos y sitios de Internet), ni con la paz y la no violencia, sino que arropan una posición siniestra, basada en la venganza del "ojo por ojo", que es un retorno a la barbarie del ser humano.

En el país más absurdo del mundo, el partido que debería prodigarse en la defensa de la vida hoy impulsa el asesinato como castigo. Por detrás de la apariencia, verde, natural y silvestre, se esconde en realidad un partido de tucanes sanguinarios y de bosques que ocultan corrupciones.

Votar hoy por el PVEM es votar por la muerte. Negarle el voto es acariciar la posibilidad de que le sea retirado su registro. Una decisión que sería por igual un acto de congruencia ideológica y moral, un acto de limpieza en el ominoso panorama de los partidos políticos de México.

vtoledo@oikos.unam.mx




E D I T O R I A L




ABC: desaseo en la procuración de justicia


Poco después del mediodía de ayer, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, dio a conocer que la institución a su cargo había ejercido acción penal contra nueve personas, servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y "particulares", por el incendio, el pasado 5 de junio en Hermosillo, de la guardería subrogada por esa entidad a particulares, la ABC, en el cual murieron 48 infantes y decenas resultaron con graves lesiones. El funcionario se negó a nombrar a los indiciados porque, adujo, la autoridad judicial aún no había librado las órdenes de aprehensión correspondientes, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) "se encuentra impedida legalmente" para divulgar esa información. Sin embargo, en el curso de la tarde, desde la misma instancia se filtró a los medios que entre los acusados de homicidio culposo se encuentran los cinco propietarios de la guardería, y entre ellos, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, familiar de Margarita Zavala, esposa del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Adicionalmente están en la lista de indiciados el hasta hace poco delegado general del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, dos apoderados legales de los socios de la guardería y la propietaria del inmueble.

En el contexto de los desmanejos en la procuración de justicia que han exasperado recientemente a la opinión pública (días después de la catástrofe, el propio Medina Mora advertía que "nadie iría a la cárcel" como consecuencia de las muertes de los menores) y con la sospecha generalizada de que esta importante función del Estado ha venido siendo utilizada por el grupo en el poder como una manera de hacer campaña electoral a trasmano en favor del partido gobernante y en contra de los de oposición, la manera de actuar de la PGR y de su titular en el caso de la tragedia de Hermosillo resultan, por decir lo menos, poco verosímiles, y ciertamente, irrespetuosas de la sociedad.

No debe pasarse por alto que la dependencia tardó cerca de tres semanas desde el incendio hasta que atrajo la investigación. A casi un mes del siniestro, resulta sumamente dudosa la coincidencia del anuncio formulado ayer por Medina Mora con el cierre formal de campañas políticas y el inicio de la prohibición de realizar propaganda partidaria. Desde esa perspectiva, el inicio de la acción penal, anunciado horas después de que Calderón Hinojosa dijera, desde Panamá, que "no habría impunidad para nadie", parece más una movida electoral que una medida de procuración de justicia. Sea o no cierto, resulta inocultable que una orden de aprehensión contra una pariente política del jefe del Ejecutivo constituye una excelente manera de publicitar supuestas virtudes gubernamentales que, si fueran reales, habrían llevado a la PGR a ejercer su facultad de atracción del caso desde el mismo 5 de junio –había un argumento irrebatible para ello: se trataba de un establecimiento subrogado por una institución federal– y no cuatro días antes de las elecciones del domingo próximo, y a uno de que se inicie la veda propagandística para los partidos.

En esta lógica, no sólo persiste el empeño en instrumentar, para beneficio del partido gobernante, la muerte y el dolor de decenas de familias sonorenses, sino que se sigue eludiendo esclarecer la posible responsabilidad –así sea por omisión, así se trate de una mera responsabilidad política y no penal– de altos funcionarios del IMSS. Es significativo, a este respecto, que la bancada de Acción Nacional en San Lázaro haya maniobrado para conseguir que la comparecencia del titular del Seguro Social, Daniel Karam, fuera pospuesta para después de los comicios.

La sociedad sonorense y la nacional reclaman justicia, no golpeteo político, simulaciones ni aprovechamientos publicitarios. Por desgracia, no hay mucho margen para percibir de otra manera las medidas aquí comentadas.
Ceguera e inacción ante la crisis

De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco de México (BdeM) entre analistas económicos del sector privado, el producto interno bruto del país sufrirá este año una contracción de 6.3 por ciento, cifra que rebasa la de por sí desalentadora proyección oficial que, a fines de mayo, prefiguraba una caída de 5.5 por ciento para ese indicador.

Estas estimaciones alarmantes complementan un panorama desolador para la economía nacional y para el conjunto de la población: el propio BdeM dijo ayer que las remesas hechas por los connacionales que viven en el extranjero –principalmente en Estados Unidos– se desplomaron 19.8 por ciento en mayo; en tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó hace unos días que la tasa de desocupación en México aumentó el mes pasado a 5.31 por ciento de la población económicamente activa (PEA), y que unas 478 mil personas han perdido sus trabajos desde enero, lo que representa la mayor tasa de desempleo en los últimos nueve años. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) señaló que el desarrollo de la vivienda en México en el primer cuatrimestre de 2009 experimentó una contracción de 42% respecto del mismo periodo del año pasado como consecuencia de la falta de empleo y la recesión económica. A esos datos debe añadirse el desplome histórico de 20.6 por ciento que experimentaron en mayo los ingresos presupuestarios del sector público con respecto al mismo mes de 2008, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las cifras que se comentan dan cuenta de la gravedad de una crisis que, no obstante los estragos que ha causado en los últimos meses en materia de bienestar social y el deterioro en la calidad de vida de la mayor parte de la población, no parece haber tocado fondo aún, como lo sugieren las versiones oficiales; por el contrario, todo indica que lo peor de la actual coyuntura económica está por venir y que el gobierno dispondrá en los meses próximos de menores recursos para afrontarla.

A estas alturas, cuando en muchas partes del mundo se han iniciado ya planes de acción gubernamentales para minimizar los efectos de la recesión, cabría esperar de las autoridades mexicanas un mínimo de realismo y voluntad de llamar a las cosas por su nombre, así como honestidad declarativa. Sin embargo, a casi dos años de los primeros indicios de la presente crisis, el gobierno federal continúa empeñado en edulcorar la realidad; si antes el discurso oficial minimizaba los riesgos de una crisis económica, hoy lo hace sobre sus efectos: ayer, el titular del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, quitó importancia al nivel de desempleo al señalar que la tasa de desocupación en el país es menor a la de naciones como Estados Unidos, España y Canadá.

La declaración del funcionario es improcedente y lamentable porque pone en relieve una proverbial arrogancia tecnocrática que soslaya las historias de sufrimiento personal y familiar que existen detrás de esos indicadores macroeconómicos, pero también porque omite el hecho de que las estadísticas del desempleo en México suelen encerrar una distorsión por cuanto no contemplan el subempleo y la informalidad: al respecto, son significativas las estimaciones del propio Inegi en el sentido de que el número de "subocupados" en el país ascendió a 12.5 por ciento de la PEA –es decir unos 5 millones 650 mil personas–, incremento que "refleja el impacto que tuvieron, sobre la población ocupada, los paros técnicos en los que han incurrido las empresas como una medida para evitar en lo posible el despido y las medidas preventivas para evitar la propagación del brote de influenza A/H1N1".

En suma, a pesar de las evidencias de la catástrofe económica y social que ha azotado al país en los últimos meses, el gobierno sigue cerrando los ojos a la realidad y continúa sin atinar a dar una respuesta viable y consistente a una crisis que, a lo que puede verse, será mucho más prolongada y profunda de lo que se temía.